El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han acordado este viernes subir el salario mínimo un 5%, hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Así, la menor retribución posible escala un año más, esta vez desde los 1.080 euros en los que está establecido desde el inicio del año pasado. Los trabajadores con la menor retribución posible, unos 2,5 millones según las estimaciones del ministerio, ganan en torno a un punto y medio de poder adquisitivo, ya que la inflación media de 2023 cerró en el 3,5%. Los empresarios no suscriben el acuerdo, que completa una subida del SMI del 54% desde 2018.

Solo unas horas después del rechazo parlamentario a la reforma de los subsidios de desempleo, Trabajo vuelve a activar una de sus banderas políticas, la que más reivindica junto a la reforma laboral. Yolanda Díaz ya anunció ayer que su departamento concluiría hoy la negociación de un nuevo incremento del salario mínimo: “Este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social en torno al salario mínimo interprofesional”.

El compromiso del Gobierno de coalición es que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio. Al respecto hay una guerra de cifras, cambiantes en función de la fuente de la que se parta. Trabajo cree que con el salario mínimo aún en vigor ya se ha alcanzado ese 60%, mientras que UGT calcula que debería subir hasta los 1.200 euros para significar esa proporción.

La evolución del diálogo social en estas semanas ya apuntaba al 5%. El primer capítulo lo escribió en noviembre la patronal, que sorprendió a todas las partes con una propuesta en firme del 3% más un 1% adicional en función de la inflación. La cifra coincide con lo acordado con los sindicatos para los convenios en el pacto salarial, suscrito en mayo del año pasado. Los representantes de los trabajadores consideraron escasa esa propuesta, pero la acogieron como una buena noticia por demostrar “voluntad negociadora”.

No captó tanta atención en ese momento, pero en el mismo comunicado la patronal señalaba que su propuesta estaba sujeta a dos condiciones: la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución; y una bonificación en el campo. El paso de los días demostró que para los empresarios eran condiciones irrenunciables, lo que fue mellando en el optimismo sobre la participación de la patronal en el acuerdo cuatro años después.

Después de que CEOE y Cepyme pusieran estas condiciones encima de la mesa, fuentes de Trabajo casi cerraron la puerta. En el ministerio indicaban que la mesa de diálogo se dedica a actualizar el salario mínimo, no a otros asuntos, así que consideraban que ni la petición referente al campo ni la de las contratas públicas están en el centro del debate. Sobre este segundo asunto, desde el departamento de Díaz añadían que ni siquiera es competencia del Ministerio de Trabajo. Forma parte de las atribuciones de Hacienda.

Tras la segunda reunión, en la que Trabajo puso la cifra del 4% encima de la mesa, el ministerio de Díaz indicó que se abría a explorar la indexación en algunas contratas administrativas y que trasladaría la petición a Hacienda. María Jesús Montero cerró la puerta ese mismo día, el 11 de diciembre. “No tendría ningún sentido que la subida del salario mínimo interprofesional fuera a costa de que las Administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios que prestan”, dijo la ministra María Jesús Montero.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, terminó por enterrar la principal condición de la patronal el 8 de enero dada la negativa de Hacienda. Antes de esa tercera reunión, el número dos de Díaz además dejaba claro a la patronal que estaban dispuestos a ir más allá si los empresarios se desmarcaban. “Si no alcanzáramos un acuerdo en torno al 4%, si la patronal española no se alineara a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, e intentará acordar con los sindicatos una subida del SMI que, obviamente, no podrá estar ya en el 4%, estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa”, dijo.

Un día después, la CEOE oficializó su negativa a participar en el acuerdo y catalogó como “chantaje” este movimiento de Trabajo. A la vez, CC OO y UGT vienen señalando al 5% como la subida mínima aceptable para suscribir un pacto. “Tenemos pocas líneas rojas, pero esta es una de ellas”, dijo este jueves el líder de UGT, Pepe Álvarez. El secretario general de CC OO insistió en la misma línea el miércoles: “Hemos pedido que si la patronal no se suma al acuerdo, esto tenga consecuencias, y el aumento sea como mínimo del 5%”.

Trabajo, CC OO y UGT han acordado las cuatro últimas subidas del SMI (de 950 euros brutos en 14 pagas a principios de 2020 a 965 en septiembre de 2021, de ahí a 1.000 en septiembre de 2022, de esa cifra a 1.080 en enero de 2023 y ahora esta nueva subida). A ellos se sumó la patronal en el acuerdo de enero de 2020, que elevaba el SMI a 950 euros mensuales. Ese fue el primer incremento con Díaz como ministra de Trabajo, pero antes hubo otro acelerón, en diciembre de 2018. El entonces Gobierno en solitario del PSOE, que tomó las riendas tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se comprometió con sus socios parlamentarios de Unidas Podemos a incrementar el SMI de 736 a 900 euros, pacto que cristalizó en el BOE en el inicio de 2019.

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