En diciembre de 2018 el salario mínimo interprofesional (SMI) en términos brutos era de 736 euros cobrados en 14 pagas. Hoy, cinco años después, es de 1080. Una subida del 46,7% que, prácticamente, triplica la del IPC general: a pesar de que casi todos somos víctimas del sesgo de ponderar en mayor medida lo ocurrido más recientemente, los precios han subido sustancialmente menos. Concretamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2023, el IPC ha aumentado un 16,1%. Pero hay más. En estos años el gobierno ha apostado por aliviar la carga fiscal de los trabajadores con salarios más bajos. Concretamente, ha modificado el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) para que la mayor parte del incremento del SMI acabe en el bolsillo de los trabajadores.

Dejando al margen algunas diferencias territoriales en los tramos autonómicos del IRPF que afectan al mínimo exento y la escala, la retención para los trabajadores no llega a cuatro euros por nómina: 39 euros al año. Si no se hubiesen producido las modificaciones en el importe de la reducción por rendimientos de trabajo para los salarios más bajos y se aplicase la normativa vigente en 2018, las retenciones serían de casi 60 euros por nómina, 836 al año. Esa rebaja fiscal focalizada a cargo del erario ha permitido que la práctica totalidad del incremento en el salario mínimo se haya traducido en aumento del salario neto. Y esto ha posibilitado una rápida convergencia al 60% del salario medio, valor de referencia en la Carta social europea.

Es tarea del grupo de expertos del Ministerio de Trabajo determinar con precisión si se ha alcanzado ya el umbral, pero me arriesgo a decir que estamos ya en ese entorno. Y eso tiene una implicación directa para los agentes sociales y el gobierno.

El momento de las grandes subidas del SMI ha pasado. España ocupa hoy el séptimo lugar en el ranking comunitario en este parámetro; y no olvidemos que en 2022 aparecemos en la mediana de la clasificación por PIB per cápita (14º). Parece razonable pensar que lo que toca en los próximos años es tomar como referencia central la evolución de los precios para, fundamentalmente, mantener el poder adquisitivo. En el ámbito laboral, el acento debe trasladarse a otros asuntos que quedaron pendientes en la legislatura anterior; apoyados en un diálogo social que en España es ejemplo de cómo intereses y puntos de vista dispares pueden conciliarse para superar el conflicto.

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